[Nota: Algunos de los enlaces externos contienen información en inglés.]
Antecedentes
Por definición, una niña o niño extranjero no acompañado (UAC o UC, por sus siglas en inglés) es un menor de edad que ha llegado a los EE. UU. o a la frontera sin documentación para ser admitido en el país y sin un padre o tutor. Los niños también pueden ser designados como UAC si el gobierno presenta cargos penales contra sus padres o tutores legales. Los niños no acompañados se encuentran entre las personas más vulnerables en el sistema de inmigración de EE. UU.
La mayoría de las veces, estos niños son encontrados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) o el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Los oficiales de inmigración se encuentran regularmente con menores no acompañados entre los puertos de entrada, en los puertos de entrada o en cualquier otro lugar del territorio estadounidense.
La Ley de Seguridad Nacional de 2002 exige que los UAC sean transferidos al cuidado de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS). La Ley de Reautorización de la Protección de las Víctimas de Trata William Wilberforce de 2008 (TVPRA, por sus siglas en inglés), estableció que la transferencia a la ORR debe ocurrir en un periodo de 72 horas.
La ORR proporciona alojamiento y atención a estos menores a través de más de 300 refugios en 27 estados, mientras buscan patrocinadores adecuados para ellos. Los patrocinadores de UAC ayudan a apoyarlos y proveerlos mientras buscan algún tipo de asistencia y esperan sus audiencias judiciales, lo que puede demorar hasta cuatro años o más. Los patrocinadores se encuentran para la gran mayoría de los UAC y, con mayor frecuencia, los patrocinadores son miembros de la familia, incluidos los padres que ya estaban en los EE. UU. Aunque el porcentaje varía, hasta tres cuartas o más de los patrocinadores son miembros de la familia. Estos patrocinadores pueden incluir, y de hecho incluyen, a personas indocumentadas.
Como menores de edad, los UAC tienen acceso a varios servicios, incluyendo la representación legal, al menos para algunos de ellos. Aunque la ley federal no garantiza el derecho a la representación legal sin costo para los inmigrantes, se han asignado algunos fondos federales para proporcionar representación legal a los menores de edad. Muchos estudios han encontrado que la representación legal es fundamental para navegar por el sistema de inmigración de los EE. UU., para garantizar una representación justa y para el éxito de su caso ante un juez de inmigración. Esto es especialmente cierto para los menores de edad.
Encuentros con la UAC
Entre 2003 —cuando la ORR se hizo cargo del cuidado de los UAC y comenzó a recopilar datos sobre ellos— y 2011, se encontraron menos de 8.000 UAC cada año. Sin embargo, a partir de 2012 esos números comenzaron a aumentar. En el año fiscal 2012, más de 13,000 estaban bajo el cuidado de ORR y el número fluctuó entre 24,000 y 70,000 en el período del año fiscal 2013-2019, antes de colapsar con el inicio de la pandemia de COVID-19 en el año fiscal 2020. La cifra aumentó significativamente después de la pandemia, superando los 100,000 UAC bajo custodia de ORR en el año fiscal 2021, continuando cerca o por encima de ese nivel hasta el año fiscal 2024.
Tabla 1: Referencias de UAC a la ORR y a los patrocinadores
Seguimiento a UAC
La ORR se ha enfrentado a críticas por su dificultad para rastrear los menores después de que se entregan a un patrocinador o tutor. Una vez que la ORR encuentra un patrocinador para un UAC y se lo asigna, ya no está obligado a mantener contacto con el UAC o el patrocinador. Sin embargo, hay algunos programas y amparos que se ofrecen incluso después de la asignación de un menor a un patrocinador o tutor. La ORR informa a ICE —24 horas antes y después de la colocación— el nombre del patrocinador y la dirección actual del menor.
Debido a que hay obligaciones limitadas para que la ORR mantenga el contacto después de que se realiza una colocación, se ha reportado que más de 300,000 UAC han “desaparecido”, no pueden ser encontrados y/o están siendo explotados o incluso are víctimas de trata. Aunque el limitado proceso de seguimiento es una base válida para preocuparse, los informes sobre un buen número de UAC “desaparecidos” son inexactos y exagerados. Estos UAC faltantes se basan únicamente en su falta de comparecencia a las audiencias en la corte de inmigración o en la falta de un Aviso de Comparecencia (NTA) de parte de ICE para una audiencia en la corte.
El origen de la afirmación de que cientos de miles de UAC han “desaparecido” un informe publicado en agosto de 2024 por la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional: Alerta de Gestión: ICE no puede monitorear a todos los niños migrantes no acompañados liberados de la custodia del DHS y del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.
Este informe indicó que ICE “no pudo rendir cuentas” por los UAC que 1) no se presentaron a los procedimientos judiciales de inmigración o 2) no recibieron un Aviso de Comparecencia (NTA) de ICE. Según el informe, 32.000 UAC no se presentaron a las audiencias judiciales entre el año fiscal 2019-2023, y 291.000 UAC a los que no se les emitieron NTA (a partir de mayo de 2024), un total de 323.000 personas. Después de que un artículo del New York Post de agosto de 2024 en el que se citaba el informe de la OIG se refiriera a los niños como “perdidos” o “desaparecidos”, la campaña de Trump y varios funcionarios electos repitieron las afirmaciones en numerosas ocasiones, a menudo afirmando erróneamente que la gran mayoría de los niños estaban siendo explotados o traficados.
Aunque la gran mayoría de los UAC que faltan a las audiencias judiciales o que no reciben una NTA están de hecho seguros con los patrocinadores, el informe de la OIG fue correcto al resaltar las deficiencias en el sistema. El informe entró en detalles considerables identificando muchas de estas deficiencias, incluyendo el fracaso de ICE para utilizar procesos automatizados para compartir información (como informar la falta de comparecencia de un UAC para una audiencia judicial), la ausencia de políticas o procesos formales que requieran el seguimiento y monitoreo continuos de los UAC asignados a patrocinadores, y las limitaciones de recursos. todos ellos como factores que contribuyen a estos problemas. El informe de la OIG también emitió una serie de recomendaciones para ayudar a abordar las deficiencias, con las que ICE estuvo de acuerdo.
Desarrollos recientes
Basándose al menos en parte en la noción de UAC “desaparecidos”, en febrero y marzo de 2025, la administración Trump tomó medidas significativas que amenazaron la representación legal de los UAC e indicó que ellos y sus patrocinadores enfrentaban nuevos riesgos de arresto y deportación.
El 18 de febrero, el Departamento del Interior de EE. UU., que administra los contratos federales, emitió una directiva que ordena a las organizaciones financiadas con fondos federales que dejen de proporcionar representación legal a los UAC. Tres días después, el 21 de febrero, el departamento dio marcha atrás y les dijo a las organizaciones que podían reanudar la prestación de servicios de representación legal a los UAC. La revocación siguió a titulares negativos para la administración, así como para la defensa de las organizaciones que brindan representación legal, incluida una campaña de envío de cartas que generó más de 15,000 cartas al Congreso.
Sin embargo, incluso después de dar marcha atrás en la suspensión de la representación legal, la administración Trump tomó medidas significativas que indicaban que los UAC y sus patrocinadores serían objetivos de deportaciones. El 23 de febrero, ICE emitió un memorándum ordenando al personal de la agencia que realizara una búsqueda nacional de menores no acompañados con fines de deportación. El memorándum indicaba que clasificaría a los UAC en tres categorías: “riesgo de vuelo, seguridad pública y seguridad fronteriza”, con un enfoque especial en aquellos identificados como riesgos de vuelo. Al identificar los “riesgos de fuga”, el memorándum destacó a los UAC a los que se les emitieron órdenes de deportación después de faltar a las comparecencias ante el tribunal o aquellos con patrocinadores que no son parientes consanguíneos. Aunque la falta de asistencia a las comparecencias ante el tribunal o la falta de lazos familiares pueden ser factores que indiquen el riesgo de fuga en el contexto de la justicia penal para adultos, es cuestionable si son igualmente relevantes para los niños menores de edad que dependen de un patrocinador para ayudarlos a comparecer a una audiencia en la corte de inmigración.
El memorándum de ICE del 23 de febrero también crea nuevos requisitos de investigación de antecedentes para los patrocinadores de UAC que, si bien posiblemente ayuden a identificar y descartar a algunos posibles patrocinadores inadecuados, casi con certeza desalentarían a un mayor número de patrocinadores calificados de cuidar a los UAC. El memorándum amplía los requisitos de toma de huellas dactilares, para fines de verificación de antecedentes, a todos los miembros adultos del hogar. También amplía el acceso de la administración Trump a la base de datos de la ORR sobre niños y sus patrocinadores. Debido a que una proporción de los patrocinadores de UAC son indocumentados, es probable que el aumento de los esfuerzos de aplicación de la ley en torno a los UAC y sus patrocinadores desanime a algunos patrocinadores potenciales a presentarse, especialmente los familiares no consanguíneos y los indocumentados.
Antes de la publicación del memorando, los patrocinadores de UAC ya debían pasar por una verificación de antecedentes, que incluye la toma de huellas dactilares, y debían completar un proceso de evaluación de patrocinadores. Los requisitos existentes también incluían un estudio del hogar para algunos posibles patrocinadores cuando la UAC ha sido víctima de la trata, está discapacitada o cumple con otras categorías de riesgo.
El memorándum del 23 de febrero identificó a los patrocinadores no consanguíneos como de un enfoque particular, también requiere la investigación de antecedentes para todos los miembros adultos de un hogar patrocinador y el uso de pruebas de ADN para establecer lazos familiares. Si bien se podría considerar que los patrocinadores no consanguíneos tienen más probabilidades de explotar o maltratar a los UAC, la gran mayoría no lo hace. Si el objetivo es eliminarlos categóricamente del grupo de patrocinadores, eso creará una escasez de posibles patrocinadores y dejará a los UAC que carecen de parientes consanguíneos en el país con pocas opciones.
El 21 de marzo de 2025, la administración Trump emitió una terminación casi total de los servicios legales para el programa UAC, deteniendo efectivamente la representación legal para los niños no acompañados que intentan navegar por nuestro sistema judicial sin un padre o tutor. Si bien existe un esfuerzo concertado para que se restablezcan los fondos para el programa, el resultado de esta disputa en curso es incierto a medida que la administración Trump toma medidas adicionales para limitar significativamente los servicios legales para niños no acompañados.
El 25 de marzo de 2025, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) publicó en el Registro Federal una regla final provisional que revocaba una regla de Biden de 2024 que impedía a la ORR divulgar información de inmigración sobre los patrocinadores de menores no acompañados a cualquier entidad policial o de inmigración en cualquier momento. En virtud de esta norma, ahora es posible que la ORR proporcione dicha información a las entidades encargadas de hacer cumplir la ley y la inmigración. Como norma final provisional, entra en vigor inmediatamente, pero es probable que se enfrente a una impugnación legal.
Conclusión
Mejorar el monitoreo de los UAC después de ser colocados con patrocinadores, y fortalecer la investigación de antecedentes de los posibles patrocinadores de UAC, son objetivos valiosos con muchos beneficios positivos, incluida la provisión de seguridad adicional a los menores en riesgo. Sin embargo, las acciones recientes de ICE que aumentan los esfuerzos de aplicación de la ley de inmigración contra ciertos UAC y sus patrocinadores y potencialmente limitan el grupo de patrocinadores de UAC a parientes consanguíneos, vienen con claras desventajas. Dado el hecho de que estos esfuerzos parecen estar motivados, al menos en parte, por informes recientes de que unos 300,000 UAC están “desaparecidos”, cuando simplemente no se presentan a una audiencia o no se les entrega la documentación, hacen que estas acciones recientes de la administración Trump parezcan estar basadas en una premisa falsa o simplemente con la intención de aumentar los arrestos y expulsiones de UAC y sus patrocinadores. Si bien se necesitan reformas para garantizar la seguridad de los UAC, el memorándum de cumplimiento de ICE de febrero, sin mencionar el memorándum del Departamento del Interior rescindido anteriormente del Departamento del Interior y el memorándum del 21 de marzo que detiene la representación legal de los UAC, así como la regla final provisional de la ORR sobre el suministro de información de inmigración sobre los patrocinadores de UAC a las entidades de aplicación de la ley de inmigración, plantea graves riesgos para los menores no acompañados.